Cuestionó que esa obra se otorgó “grado a grado” sin una licitación y se
violaron varias leyes para su aprobación.
DEPOSITAN INSTANCIA ANTE PEPCA EN SEGUIMIENTO A
DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN EN AEROPUERTO DE BÁVARO
SANTO DOMINGO.- El abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este
depositó este lunes una instancia ante la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitando conocer el
status de dos denuncias que pesan contra 17 exfuncionarios por haber
violado varias leyes durante la aprobación del Aeropuerto Internacional de
Bávaro.
“Estamos solicitando a la PEPCA conocer el estatus actual de las dos
denuncias depositadas hace ya casi un año contra esas 17 personas por la
comisión de múltiples actos irregulares sancionados por las leyes durante
el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
También, hacemos la petición al Ministerio Público de avanzar con la fase
de la investigación penal para que por fin este país conozca con pruebas
contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación”, manifestó
el reputado jurista Miguel Valerio.
Tras hacer el depósito de la referida instancia en la sede de la Pepca,
Valerio indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo
el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”,
sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único
propósito de beneficiar a un determinado grupo económico.
“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es
sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es
muy obvio es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del
pasado gobierno.
Y se le debe explicar a este país por qué se le dio al
Grupo Abrisa esa obra de grado a grado, cuando la Ley de Compras y
Contrataciones Públicas y también la Ley de Alianzas Público Privadas
dicen claramente cómo son los proyectos de iniciativas privadas que son
referentes a servicios públicos, y ahí se hizo todo lo contrario”, expuso
Miguel Valerio.
El experto en derecho aseguró que, por la debida prudencia, el pasado
gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina no debió promulgar
el decreto 270-20 en el período de transición, faltándole tan solo 23 días
para salir del poder, comprometiendo a futuro y, por más de una década,
los recursos del Estado.
El jurista explicó que la primera distorsión en todo el entramado de
irregularidades se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando se aprobó
mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020 una “no objeción” sin
tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación
y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Y posteriormente, cuando el Instituto Dominicano de Aviación Civil
(IDAC), emitió un informe en un tiempo récord de solo tres días basado
en informaciones parcializadas de la parte interesada, sin realizar estudios
técnicos correspondientes requeridos por la ley, así como por la
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Deploró que, uno de los funcionarios, luego de haber sido parte en esa
Comisión Aeroportuaria donde se aprobó ese proyecto, en su condición de
coordinador Nacional del USOAP y director de Vigilancia de la Seguridad
Operacional del IDAC, instruyó para que se aprobara el referido proyecto
ante la Dirección de Navegación del IDAC, convirtiéndose así en juez y
parte del mismo.
“Fue así como en un tiempo récord de tan sólo tres días, el IDAC emitió el
Informe de No objeción para la construcción de ese aeropuerto cuando
este proceso de realizar ese tipo de estudios técnicos y aprobarlos suele
tardar incluso años. Pero el mismo informe hace constar sus anomalías y
origen cuestionable, pues en la página 3 indica que fue realizado sobre la
base de los documentos aportados por la parte interesada, el grupo
Abrisa, propietario del proyecto”, manifestó el abogado.
Valerio señaló que en todo el proceso para la aprobación del Aeropuerto
Internacional de Bávaro se violaron los principios, normas y
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual tuvo que
ser reconocido por el propio IDAC cuando le revocó el permiso y ordenó
paralizar su construcción, declarándolo “lesivo para el interés público”.
Se recuerda que suman 17 las personas vinculadas en los actos de
corrupción cometidos en la adjudicación del proyecto Aeropuerto
Internacional de Bávaro, y que constan en dos denuncias depositadas por
ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) por la Corporación Aeroportuaria del Este.
Se le solicitó a la Pepca investigar a esas personas por la comisión de los
delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de
funciones, atentado a la Constitución y otros delitos sancionados por el
Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada en el
ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no objeción, sin
licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto
ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el municipio
Bávaro, provincia La Altagracia.
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