Con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, el Senado chileno aprobó este jueves el proyecto de reforma de la ley antiterrorista, instrumento con el cual pretende el país suramericano definir las conductas terroristas y fijar sus penas asociadas.
El proyecto, que pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional, mantiene el concepto de «terrorista individual» o «lobo solitario», para no dejar de lado aquellas acciones perpetradas por una sola persona, recoge BíoBío Chile.
De otra parte, el Ministerio Público tendría la potestad de exculpar a testigos o cómplices que revelen datos relevantes sobre actividades terroristas, pero solo en el caso de que el delito cometido no sea de gravedad, una categoría en la que se engloban, entre otros, homicidios, femicidios, secuestros, violaciones y sustracción de menores, puntualiza una nota de prensa del Senado de Chile.
Adicionalmente, la iniciativa contempla que la Fiscalía solicite el traslado de causas entre las distintas regiones del país cuando se trate de casos de alta complejidad, siempre que el pleno de la Corte Suprema lo autorice.
En cuanto a las penas, se establece que serán aumentadas si el culpable es un funcionario del Estado, y se estipulan condenas que oscilan entre cinco y 15 años de prisión, de acuerdo con la gravedad del crimen cometido, precisa la Cámara Alta.
Detonante
La decisión se produce a menos de una semana de que el presidente Gabriel Boric decretara duelo nacional por el asesinato de tres carabineros (policías), quienes perecieron en un ataque armado mientras realizaban labores de patrullaje en la localidad de Antiquina, en la comuna de Cañete.
Según la información divulgada entonces, los agentes fueron emboscados y baleados por hombres armados desconocidos, tras lo cual los perpetradores incendiaron el vehículo en el que se trasladaban.
El pasado domingo, las autoridades informaron de la detención de tres personas en la zona próxima al crimen, en el contexto de la localización de un vehículo estacionado en el sitio donde se cometió el triple homicidio.
A inicios de esta semana, el Ejecutivo pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad pública.
La ministra de Secretaría General del Gobierno, Camila Vallejo, advirtió que el Estado no dudará «en usar ningún arma y ninguna herramienta necesaria, dentro del Estado de derecho, para enfrentar este brutal crimen».
Vallejo recalcó que «no se trata solamente de dar justicia y garantías de no impunidad, sino de poder retomar la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en la zona de estos sucesos».