Por qué la Fiscalía de Bolivia pide 10 años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez


Por qué la Fiscalía de Bolivia pide 10 años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez

El Ministerio Público emitió una resolución acusatoria contra Áñez, quien se encuentra en prisión preventiva.

El denominado ‘caso Golpe de Estado II’ ya irá a fase de juicio. Esta semana, la Fiscalía de Bolivia presentó una acusación formal en contra de la exmandataria de facto Jeanine Áñez y otras ocho personas por su presunta responsabilidad en la ruptura del hilo constitucional, tras la obligada salida de Evo Morales del poder, en 2019.

En el caso de Áñez, se le imputan los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. El Ministerio Público sustentó la acusación formal con el testimonio de 17 testigos y más de 70 pruebas, detalló la fiscal anticorrupción, Lupe Zabala, quien adelantó que se han solicitado 10 años de prisión.

«Las personas que han presentado su declaración informativa, en calidad de testigos, nos han dado parámetros suficientes para establecer la participación de los jefes policiales de las Fuerzas Armadas, también de la Policía y de la señora Jeanine Áñez», dijo Zabala el martes durante una conferencia de prensa. Tras la entrega del pliego acusatorio, el juzgado deberá remitirlo a un tribunal de sentencia para que el caso siga a juicio.

La senadora Jeanine Áñez gesticula después de autojuramentase como presidenta interina de Bolivia. 12 de noviembre de 2019Carlos García Rawlins / Reuters

Además de Áñez, en la acusación también se incluye al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán (actualmente prófugo), y al alto Mando Militar que facilitó la conformación del régimen de facto.

¿De qué se le acusa?

El procedimiento, según recordó Zabala, se inició a raíz «de los hechos suscitados en noviembre de 2019». En esa época, se perpetró el golpe contra Evo Morales y ocurrió la posterior instauración del Gobierno de facto encabezado por Áñez.

La Fiscalía sostiene que después de la salida de Morales, la entonces segunda presidenta del Senado asumió las labores de jefa de Estado, sin que se convocara a una reunión del la Asamblea Legislativa ni ella tuviera las facultades para tomar las riendas del país, de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la Constitución.

Pero según el Ministerio Público, el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas habría sido clave para permitir que Áñez –quien era la única política de la oposición con un alto cargo en el Parlamento– se autojuramentara como presidenta de facto.

La reconstrucción de esos hechos, precisó Zabala, se logró a partir de los testimonios de policías, asambleístas, militares y políticos, así como una exhaustiva revisión de la prensa en los días previos y posteriores al golpe de Estado.

Al conocer la acusación, desde la cuenta de Twitter de Áñez divulgaron un pronunciamiento para rechazar la decisión y tildarla como un intento de condenar a la exmandataria de facto «a cualquier precio». 

«No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA; no les importa haber instigado a la violencia ni destruir el país», aseguraron.

¿Qué alega la defensa? 

La defensa de Áñez insiste en que la acusación presentada por la Fiscalía es inconstitucional y tiene en la mira interponer una denuncia ante instancias internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

«La única instancia para interpretar un asunto constitucional, en este caso una sucesión constitucional o no, es el Tribunal Constitucional. No puede ser este, por ende, interpretado por jueces y fiscales ordinarios y menos llevar un tema penal», dijo el abogado de la expresidenta, Alain Canedo, en declaraciones citadas por medios locales.

Para el jurista, la Justicia boliviana está «generando imputaciones y acusaciones de manera imprecisa y abstracta», y aseguró que el pliego acusatorio contra su defendida «adolece de elementos esenciales de prueba».

Jeanine Áñez asiste a una ceremonia con militares en el Palacio Presidencial. 13 de noviembre de 2019Carlos García Rawlins / Reuters

La tesis de la defensa es que en 2019 hubo un supuesto «vacío de poder» tras la salida de Morales –que fue presionada por la policía y el alto mando militar– y la renuncia de diputados y senadores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que eran mayoría en la Asamblea Legislativa. Esa situación, aseguran, hizo «innecesario» el tratamiento parlamentario sobre la renuncia del mandatario y validó la autoproclamación de Áñez, a pesar de que no había quórum.

¿Qué dice la Constitución?

Pese a lo que alega la defensa de Áñez, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) dictaminó hace dos meses que la autoproclamación de la opositora en noviembre de 2019 fue inconstitucional.

Según la resolución emitida por el TCP, la sucesión presidencial ‘ipso facto’ solo llega hasta la presidencia de las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo tanto, no habría existido ningún justificativo legal para que la entonces senadora pudiera ser proclamada como jefa de Estado.

«El día de hoy ha hablado el Tribunal Constitucional mediante la sentencia constitucional plurinacional 0052/2021, en la que el Tribunal ha ratificado que en el país existió un golpe de Estado», destacó entonces el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, para desestimar la tesis del «vacío de poder».

Sin embargo, el nodo del asunto es que después de la autoproclamación de Áñez en 2019, el Tribunal Constitucional avaló el proceso, alegando que «el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido», según una interpretación constitucional de 2001.

Prisión preventiva

De momento, Áñez permanece recluida de manera preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz. La política opositora fue detenida en marzo de este año, acusada de «terrorismo, sedición y conspiración», en el denominado caso Golpe de Estado I, por la crisis política generada en 2019 y las masacres ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su administración.

En principio, la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto. En agosto de este año, la Justicia boliviana anunció que ampliaba la detención preventiva contra Áñez hasta febrero de 2022. 

Para el abogado de la exmandataria, prórroga de esa medida viola los derechos de su defendida y será uno de los argumentos que utilizará para recurrir ante la Corte IDH.

Ninguno de los dos casos mantiene indiferente al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ayer alertó en una reunión con el Grupo de Puebla sobre el intento de sectores de la derecha por negar los hechos de 2019, tratar de «desestabilizar» a su Gobierno y «deslegitimar» los resultados electorales que le permitieron al MAS volver al poder tras el golpe contra Morales.

«Eso hoy empieza a cuestionarse», dijo Arce. Y agregó: «Empiezan a tratar de utilizarse una serie de argumentaciones para deslegitimar la ganancia de una contienda electoral muy clara en nuestro país».

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